Martes, Junio 25, 2024
    

Analistas destacan que Argentina tiene condiciones únicas para desarrollar un potencial exportador en esta actividad que puede ser clave para la región mesopotámica.

Ya es un lugar común decir que los drivers del crecimiento económico de la Argentina en los próximos años pasan por Vaca Muerta y el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos no convencionales más el offshore cerca de la costa bonaerense; el litio; la minería metalífera; el agro siempre presente, y hasta la Economía del Conocimiento.

Ahora empezó a pedir pista también la industria forestal, que tiene todo para jugar en las grandes ligas globales en esta actividad, pero necesita algunas condiciones jurídicas y económicas para despegar.

Para eso no hace falta que se alineen los planetas, pero sí se requiere que se estabilice la macroeconomía, que el país pueda ofrecer seguridad jurídica y también algunas cuestiones puntuales como derogar o modificar la Ley de Tierras y medidas para atraer inversiones, algo que el meneado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contempla casi a medida.

 

Abriendo la billetera

Un informe de la consultora internacional AFRY, especializada en el sector foresto-industrial, destacó que el país tiene la oportunidad de atraer inversiones por unos 6.000 millones de dólares.

Durante una presentación que tuvo en el marco de la Sub Mesa de Celulosa y Papel, una instancia público-privada que reúne a entidades del Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR) y diversos organismos gubernamentales, aseguraron que en un mundo en el que la demanda de celulosa se sostiene y la producción en los principales polos tiene poco margen para crecer, “es el turno de Argentina” para incrementar la producción de bioproductos de base forestal.

El motor de las inversiones es la industria celulósica, que hoy es un insumo clave no sólo para la producción de papel blanco, sino también para embalajes y packaging, productos de madera sólida, papel tissue y de higiene, y avanzando en los últimos años en productos bioquímicos y biocombustibles y hasta fibras textiles a base de madera.

CONFIAR está integrado por la Asociación Forestal Argentina, la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), ASORA (fabricantes de maquinaria para el sector) y FAIMA (industria de la madera y afines), a los que suma la Sociedad Rural Argentina.

“Estamos recibiendo consultas sobre las posibilidades de inversiones en Argentina, ya que son conocidas sus ventajas comparativas para el crecimiento forestal y el potencial industrial que han logrado los países vecinos”, aseguró Fernando Correa, Head of Process Industries para España y Francia de AFRY. 

Paso en falso

Hace casi dos décadas la Argentina perdió una oportunidad histórica para transformarse en un jugador de peso a nivel internacional en la industria forestal, pero pasaron cosas y las inversiones extranjeras que tenían en la mira a Gualeguaychú cruzaron el río y se instalaron en Fray Bentos en la República Oriental del Uruguay.

En las últimas décadas la región – Brasil, Chile, Uruguay- recibió más de US$ 30.000 millones en inversiones, pero Argentina quedó fuera del reparto. Sudamérica representa el 39% de toda la producción forestoindustrial mundial pero de ese total Argentina representa sólo el 0,4%, cuando en 1990 capturaba el 12% regional.

“Hoy el mundo mira a Sudamérica y a la Argentina, en parte porque los árboles en nuestra región en crecen en 10 o 15 años, mientras en Europa lo hacen en 35 años, por lo que tenemos una competitividad muy superior”, explica Claudio Terrés, presidente de AFCP.

La producción regional se concentra en pino y eucaliptus para la fabricación de celulosa y papel. La expectativa del sector es que en una primera instancia puedan instalarse dos plantas de celulosa, con capacidad de producción de unos 2 millones de toneladas anuales, y una inversión estimada en unos 3000 millones de dólares cada una.

“En el mundo falta madera y Argentina tiene 1,3 millones de hectáreas implantadas, pero podemos triplicar esa superficie”, estimó Terrés, quien agregó que las inversiones podrían impulsar exportaciones por entre 1500 y 2000 millones de dólares.

 

Incentivos a la carta

Para el sector es fundamental que salga el RIGI, que forma parte de la Ley Bases. De hecho, desde el sector, hace unos años habían elaborado un proyecto de ley de promoción de inversiones que va en la misma línea. Es que se trata de inversiones a mediano y largo plazo, que requieren estabilidad en las reglas de juego. Sólo la construcción de una planta lleva de 3 a 4 años.

Para Pablo Ruival, Country Manager de Arauco Argentina, una de las firmas líder del sector -también están Ledesma, Papel Misionero del Grupo Arcor, Celulosa Argentina y Papel Prensa-, Argentina tiene “condiciones únicas para el desarrollo forestal”, y cree que hoy se abre una oportunidad para el país porque el mundo demanda cada vez más productos de base forestal (papeles, tableros, bioproductos).

Ruival indicó que la clave del potencial forestal argentino se resume en la disponibilidad de tierras para uso forestal; la disponibilidad de agua, que es esencial; un ratio de crecimiento de los árboles que está entre los más altos del mundo, y además que acá se trabaja sobre superficies planas.

“Argentina tiene todo para ser una potencia” indicó el titular en el país de esta empresa de capitales chilenos, y agregó que la forestoindustria “puede cambiar la historia de la Mesopotamia”, destacando el crecimiento que pueden tener especialmente Corrientes y Entre Ríos.

 

¿Qué se necesita para despegar?, le preguntó Forbes Argentina.

“Necesitás estabilidad económica, seguridad jurídica y también cambiar la Ley de Tierras”, resumió. Sobre el último punto amplió. “Cuando ponés US$ 2000 millones, necesitás poder disponer de al menos el 40% de la provisión de insumos (superficie implantada)”. Hoy la Ley de Tierras inhabilita a los extranjeros a que tengan más de determinada cantidad de hectáreas.

La derogación de la Ley de Tierras estaba incluida en el DNU 70/2023 pero distintas presentaciones judiciales suspendieron su modificación, con lo que hasta que se resuelva el tema, la ley tiene plena vigencia. Remover esa restricción es una de las demandas del sector.

 

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